Destinaron parte de los recursos federales en pago de aviadores y personal no apto durante el anterior sexenio.
Aviadores y pagos a personal no certificado, así como gastos sin comprobar o no justificados, entre otras irregularidades, marcaron el manejo de los recursos federales destinados a salud en el sexenio pasado, de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En 2017, se transfirió al estado 2 mil 870.8 millones de pesos a través del Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (Fassa) y tras ser auditado ese presupuesto, se determinaron recuperaciones probables por 380.8 millones.
Lo anterior, debido a pagos realizados a personal no localizado durante las visitas de la auditoría, pagos no comprobados e improcedentes a terceros así como retenciones del ISR no enteradas al SAT.
Hubo inobservancias a la normativa, principalmente en materia de aplicación de los recursos al 31 de diciembre de 2017, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios y la normativa local, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 380.8 millones de pesos, que representó el 14.7% de la muestra auditada.
En 2018, se asignó un gasto anual por 3 mil 007.5 millones de pesos y se determinaron recuperaciones por $3.5 millones debido a gastos sin aclarar y recursos no pagados. Al 31 de diciembre de ese año, la entidad no había comprometido ni devengado el 0.1% por 47 mil 200 pesos, ni pagado el 2.4% por 70.9 millones.
Las inobservancias a las leyes generaron un probable daño a la hacienda pública federal por un importe de 241 mil 800 pesos, que corresponden a recursos que al 31 de marzo de 2019, todavía no se habían pagado y 3.2 millones operados durante la auditoría.
El presupuesto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud fue de 3 mil 219.6 millones de pesos durante 2019 para la entidad y se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, destino de los mismos, sueldos y transparencia.
Se remuneró indebidamente a trabajadores que no acreditaron cumplir los requisitos académicos de la plaza con la cual cobraron (títulos y cédulas profesionales) y no todos los egresos de compensaciones fueron comprobados.
Se descubrió la apertura extemporánea de la cuenta bancaria para la recepción de los recursos del fondo; reporte con incongruencias del saldo, transferencias a cuentas que no correspondían al fondo, entre otras irregularidades. En cuanto al monto por aclarar, se determinó por 4.6 millones de pesos.
Finalmente, en 2020 se destinaron 3 mil 311.9 millones de pesos, y se determinaron 51.7 millones pendientes por aclarar, al persistir, entre otras irregularidades, la práctica de remunerar a personal sin preparación académica para el puesto.
El probable daño a la hacienda pública federal se calculó por un importe de 50.6 millones de pesos.
Fuente: MILENIO.