MÉXICO.- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enviara al Senado de la República el oficio sobre el aval de una consulta popular para enjuiciar a ‘actores políticos’ y que este fuera turnado a la Comisión de Gobernación, inició en el Pleno la discusión de la trascendencia nacional del ejercicio.
El dictamen por el que se expide la consulta popular fue aprobado en lo general con 65 votos a favor, 49 en contra y una abstención.
Tras dar lectura al dictamen por el que se resuelve la petición de consulta popular, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora Mónica Fernández destacó la importancia de dichos mecanismos de consulta para fortalecer la participación y el ejercicio de la democracia en México.
Argumentó la trascendencia nacional de la consulta popular en empoderar a los ciudadanos para ejercer sus derechos políticos.
Durante la discusión, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y morenista, Ricardo Monreal, propuso modificar la Constitución Política para que la consulta se realice el mismo día de las elecciones intermedias de 2021.
Señaló que de esta forma se ahorrarán los costos estimados por un consejero electoral en 8 mil millones de pesos, para llevarse a cabo el 1 de agosto del próximo año.
El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el INE y calificó de ‘exageradísimo’ el costo de llevar a cabo la consulta popular para enjuiciar a actores políticos.
En respuesta, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, negó que exista un cálculo del presupuesto para la consulta.
Los partidos de oposición en el Senado han presentado 39 reservas sobre la consulta popular sobre juicio a actores políticos.
El Grupo Parlamentario del PRI se dijo a favor de las consultas ciudadanas, pero criticó que el dictamen estuviera viciado de origen.
La senadora Claudia Ruiz Massieu acusó que el dictamen estuvo plagado de irregularidades, que ocupa los mismos argumentos de la pregunta original propuesta por el presidente López Obrador, sin tomar en cuenta lo definido por la SCJN.
Su compañera de bancada, Claudia Anaya, reprochó invertir 8 mil millones de pesos en una consulta “en la que racionalmente todos responderíamos que sí”.
Los legisladores del PRD también se pronunciaron a favor de la consulta popular como mecanismo de democracia directa, sin embargo, señalaron la ambigüedad y atemporalidad de la pregunta.
Miguel Ángel Mancera cuestionó el preguntar a la gente si el Estado debe o no cumplir con su responsabilidad, por lo que a nombre de su bancada hizo un llamado a que se encuentre la pertinencia y se evite un gasto innecesario para un deber permanente ya planteado en nuestro marco jurídico.
El pasado 1 de octubre la SCJN resolvió la constitucionalidad de la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aunque aprobó la realización del ejercicio, reformuló la pregunta que contendrán las papeletas, misma que será:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA