Ciudad de México, abril de 2026.— El caso de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, ha tomado un nuevo giro en México tras el intento de reabrir una investigación que había sido cerrada por la Fiscalía General de la República (FGR), en medio de críticas de víctimas y revelaciones recientes.
De acuerdo con información reciente, la FGR determinó previamente el no ejercicio de la acción penal, cerrando una indagatoria de aproximadamente siete años relacionada con delitos como abuso sexual, trata de personas y posibles operaciones ilícitas.
Sin embargo, el actual gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha señalado su intención de reactivar el caso junto con las víctimas, quienes han impugnado la decisión de la Fiscalía.
Audiencia clave fue pospuesta
El proceso judicial en México continúa en etapa de revisión. Un juez federal aplazó la audiencia en la que se decidirá si se reabre la investigación, debido a que las partes no contaban con el tiempo suficiente para analizar el expediente completo, que supera las dos mil páginas.
La nueva fecha fue programada para el 27 de abril de 2026, considerada clave para determinar si el caso se reactiva en territorio nacional.
Situación en Estados Unidos
Mientras tanto, en Estados Unidos, Joaquín García permanece en prisión, cumpliendo una condena de más de 16 años por abuso sexual de menores, tras declararse culpable en 2022.
Además, enfrenta nuevos cargos federales que incluyen crimen organizado, tráfico sexual y pornografía infantil, en un proceso que podría extenderse en los próximos años.
Revelaciones y señalamientos
Reportes recientes señalan que la investigación en México contenía testimonios y evidencias sobre una presunta red estructurada de explotación sexual dentro de la organización religiosa, así como posibles vínculos con actores políticos.
Entre las acusaciones destacan prácticas sistemáticas de abuso, encubrimiento y uso de recursos de la institución para fines ilícitos, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre el cierre del caso.
Víctimas denuncian impunidad
Diversas víctimas han manifestado su inconformidad con la decisión de la FGR, señalando que el cierre de la investigación representa un acto de impunidad tras años de denuncias y recopilación de pruebas.
Algunas de ellas han impulsado acciones legales para revertir la decisión y exigir justicia tanto en México como en instancias internacionales.